A un año del paro nacional, grupos sociales, indígenas, campesinos y estudiantes colombianos salieron a las calles este jueves para exigir al Gobierno del presidente Iván Duque que cese el trato de guerra contra la protesta y la estigmatización de la movilización popular.
Las organizaciones responsabilizan al Estado por la muerte de más de 100 personas y otros 1.200 heridos durante el estallido social de 2021. Además, denuncian que forma parte de una estrategia de aniquilamiento del movimiento popular mediante la doctrina de seguridad nacional y el enemigo interno.
Tras agotarse los intentos de debate con el Gobierno nacional, los grupos sociales se trasladaron hasta la ciudad capital, Bogotá, desde varias zonas del país y declararse en emergencia humanitaria a causa del recrudecimiento del conflicto armado en zonas rurales de toda la nación.
Cerca de 1.500 representantes de comunidades de diversos territorios de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Córdoba llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en la capital colombiana, para hacerse escuchar ante el Gobierno y la comunidad internacional.
Estos grupos reclaman paz y el cese del conflicto armado y los desplazamientos forzados que sufren en sus territorios, además de demandar el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Realizaron una Asamblea Popular que demandó acciones urgentes para que se atienda la crisis humanitaria en diversos departamentos colombianos. Este escenario se repitió en varias zonas del país.
En la Universidad Nacional de Colombia, los estudiantes protagonizaron una manifestación en la tarde que resultó en confrontación con las fuerzas del Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional (Esmad) a la entrada del centro educativo.
La conmemoración recuerda también a las víctimas del estallido social, entre muertos, heridos y desaparecidos en este periodo.
El 28 de abril de 2021, la movilización popular en Colombia estuvo motivada por la exigencia de un cambio en las políticas sociales y económicas del Gobierno que iban hacia el neoliberalismo. A estas demandas se sumaron otras como las del respeto a los derechos humanos, el cese a los asesinatos a líderes sociales y las masacres.
