La justicia peruana allanó sin suerte la noche de este martes el Palacio de Gobierno en Lima en busca de Yenifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos.
El operativo policial fue realizado a pedido de la fiscalía que solicitó el «allanamiento» de la «zona residencial del palacio de gobierno», dijo la Corte de Justicia en un comunicado.
Después de casi cuatro horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes, para los efectos prófuga de la justicia.
El operativo no tiene precedentes en la historia peruana, donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.
Castillo y su familia, incluida su cuñada, de 26 años, quien considera «padres» al presidente y su esposa, viven en la residencia presidencial que forma parte del Palacio de Gobierno.
Por este caso Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano, a mediados de julio.
La fiscalía tiene abiertas cinco investigaciones contra el propio presidente Castillo por supuesta corrupción, otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio de sus funciones.
«Allanamiento ilegal»
Castillo reaccionó a la insólita situación a través de un mensaje transmitido por televisión cerca de las 23H00 locales, calificando lo ocurrido como un «allanamiento ilegal» que forma parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición derechista del Congreso.
«Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno», aseguró Castillo, un maestro rural y sindicalista de 52 años.
«Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional», agregó el presidente, que aparece las últimas semanas cercado por la justicia.
La medida se produce en la misma semana que un informe parlamentario divulgado el martes recomienda inhabilitar y procesar política y penalmente a Castillo, alegando que incurrió en traición a la patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia, lo que el presidente niega.
Castillo cumplió en julio un año en el poder, y además del cerco judicial ha enfrentado dos intentos de destitución del Congreso, y cuenta una desaprobación de 74% en la opinión pública, según encuestas.
