México creó instituciones de atención y protección a periodistas pero su efectividad es escasa ante la falta de una política clara sobre libertad de expresión, denunciaron este miércoles testigos y la fiscal del llamado Tribunal de los Pueblos.»Hemos escuchado cómo nada funciona o cómo deja de funcionar según los intereses de un fiscal o del siguiente fiscal o de una agencia gubernamental u otra», dijo la abogada internacionalista Almudena Bernabeu, quien fungió como fiscal.Este foro promueve una «justicia popular» y a instancias del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Free Press Unlimited (FPU) analizó la situación en México, entre los países más peligrosos para los comunicadores.México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Según la organización Artículo 19, desde 2000 han sido asesinados 153 comunicadores.En lo que va de 2022, RSF registra ocho homicidios de periodistas, aunque no en todos los casos se ha demostrado que el crimen esté ligado a su trabajo. El gobierno contabiliza seis asesinatos.Balbina Flores, representante de RSF en México, cerró los dos días de audiencia enumerando las deficiencias que ha encontrado en las instituciones, tanto federales como estatales, para la atención y protección de periodistas.»Pareciera que esas instituciones se han ido debilitando», dijo al señalar que carecen de recursos económicos y personal especializado, además de que no hay continuidad de un gobierno a otro.A nivel nacional existe una fiscalía especializada para atender delitos relacionados con la libertad de expresión y un mecanismo de protección, modelo que es replicado por algunos de los 32 estados del país.»Hay iniciativas que se han impulsado, algunas han funcionado más o menos», pero el problema, subrayó, es que «no hay una política clara»,»Cada gobierno llega con sus propias ideas de lo que es la política y sobre todo cuando se trata de derechos humanos y libertad de expresión», dijo Flores.Bernabeu llamó en sus conclusiones a terminar con este «ciclo de violencia y de dolor, una herida que va a supurar por décadas en México».El tribunal analizó en concreto el asesinato del periodista Miguel Angel López Vázquez, su esposa y su hijo en Veracruz, el 20 de junio de 2011. En octubre dará a conocer sus conclusiones.También se escucharon testimonios sobre los crímenes de otros comunicadores, entre ellos los reconocidos periodistas Javier Valdez y Miroslava Brech, asesinados en 2017 en Sinaloa (noroeste) y Chihuahua (norte), respectivamente.Al gobierno se le otorgó el derecho a presentar sus argumentos, pero no hubo representantes oficiales.
