«El gobierno nos persigue», dice Alexander Contreras, uno de los más de mil cultivadores de hoja de coca reunidos en las montañas de Tibú, en la frontera de Colombia con Venezuela, donde reclaman a las autoridades por las promesas que dicen incumplidas.
«Por ser recolector de hoja de coca nos tildan de guerrilleros, de narcotraficantes, de ser delincuentes», completa el campesino de 36 años, un raspachín o deshojador experto en la planta que es materia prima de la cocaína.
Congregados en el municipio de Tibú, al noreste del país, los campesinos que viven del cultivo prohibido participaron el viernes y sábado en una cumbre cocalera, donde denunciaron que aun con el nuevo gobierno del izquierdista Gustavo Petro la situación no ha cambiado.
Desde que Petro asumió la presidencia, el 7 de agosto, tanto la persecución como la erradicación a la fuerza de los plantíos y la falta de apoyo en el tránsito a otras economías continúan, reclamaron a coro.
«Queremos contarle al mundo que somos campesinos (…) que por la no tenida en cuenta por los gobiernos anteriores la necesidad nos ha llevado a tener que cultivar la hoja de coca», dice Jhonny Abril, de 39 años, en medio del tercer encuentro de este tipo en la región conocida como El Catatumbo.
Después de cosechar pérdidas con la yuca, el maíz, el café y la caña, miles se volcaron al plantío más rentable: la coca.
En 2021 Colombia -el mayor productor de cocaína del mundo- superó un récord histórico de narcocultivos con 204.000 hectáreas sembradas, un aumento del 43% en un año, según la ONU.
El bullicio de la asamblea se vio interrumpido durante unos minutos cuando varios helicópteros de la Fuerza Aérea colombiana sobrevolaron la zona y los asistentes.
Cientos de volantes cayeron de lo alto con un lacónico mensaje: «CampesiNO diga NO a los cultivos ilícitos».
La respuesta se oyó como un rumor: «Sabotaje».
